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El jurado popular declara culpable a la mujer acusada de matar a la anciana que cuidaba en Reus en 2022

Los miembros del tribunal consideran probado que asfixió a la víctima y que le robó sus ahorros

La acusada de matar a la anciana que cuidaba en 2022 y el hombre investigado de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con blanqueo de capitales.

La acusada de matar a la anciana que cuidaba en 2022 y el hombre investigado de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con blanqueo de capitales.ACN

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El jurado popular ha declarado culpable por unanimidad a la mujer acusada de matar a la anciana que cuidaba en Reus la noche del 20 al 21 de septiembre de 2022. En la lectura del veredicto hecha este jueves al mediodía en la Audiencia de Tarragona, los miembros del tribunal han considerado probado que asfixió a la víctima con un cojín mientras dormía y que la mujer no se pudo defender.

También han acordado que la investigada se apropió de los prácticamente todos los ahorros de la mujer mayor y que falsificó su firma para hacer transferencias de dinero a sus familiares en el Paraguay. Fiscalía y la acusación particular mantienen la petición de prisión permanente revisable. La defensa, que solicitaba la absolución, pedirá subsidiariamente la pena mínima.

Los miembros del jurado popular han considerado por unanimidad que ha quedado probado que la acusada asfixió con una almohada a la víctima mientras dormía en la habitación de su domicilio alrededor de las 0.58h de la madrugada del día 21 de septiembre de 2022. También, por unanimidad, han acordado que la causa de la muerte fue por asfixia por sofoco por oclusión extrínseca de los orificios respiratorios. A la vez, han dictaminado que la anciana no se pudo defender.

En paralelo, el jurado popular ha asegurado que ha quedado acreditado que la investigada retiró dinero de la cuenta bancaria de la víctima del 10 al 20 de septiembre de 2022, apropiándose de más de 4.000 euros. También que envió dinero a sus familiares que viven en el Paraguay. Además, los miembros del tribunal han aprobado por unanimidad que la procesada hizo dos transferencias por un importe total de 2.000 euros, falsificó la firma de la anciana y utilizó los nombres de terceras personas para hacer las operaciones. Finalmente, han considerado que se apoderó de la ropa de la víctima.

En cuanto al otro acusado, el propietario de un locutorio, los miembros del jurado han considerado probado por unanimidad que colaboró con la procesada «con su aportación esencial» para que pudiera falsificar la firma de la anciana. Con todo, no han aprobado por unanimidad que el hombre sea culpable de permitir que la acusada se apropiara del dinero de la víctima, utilizando la identidad de terceras personas, a través de los reintegros y envíos de dinero desde su establecimiento. Tampoco han considerado probado que fuera culpable de custodiar la ropa de la víctima. «Probado por ocho votos a favor y uno en contra, es culpable de permitir la falsificación de la firma y hacer tres envíos en el locutorio», ha leído la portavoz del jurado.

Mantienen la prisión permanente revisable

Fiscalía y la acusación particular han mantenido sus peticiones iniciales. Ambas partes consideran que la acusada es autora de un delito de asesinato con alevosía, cometido para facilitar la comisión del delito de estafa/apropiación indebida, así como de un delito continuado de estafa en concurso medial con el delito continuado de falsificación en documento mercantil y un delito de hurto. Por eso, le pide prisión permanente revisable por el delito de asesinato, cinco años por el delito de estafa y dos más por el hurto.

Por otro lado, el ministerio público y acusación piden al otro investigado una pena de tres años de prisión por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con blanqueo de capitales, así como una multa de 6.000 euros. Alternativamente, fiscalía solicita que se lo condene por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con el delito de receptación o de encubrimiento, por los cuales pide dos y tres años de prisión, respectivamente.

En cuanto a la responsabilidad civil, al fiscal y el abogado de la familia reclaman a la procesada que indemnice a cada hijo de la víctima con 75.000 euros. Así mismo, conjuntamente y solidariamente con el otro acusado, tendrán que pagar 4.000 euros por los daños morales causados a los familiares. En cambio, la defiende ha mantenido la demanda de absolución para el hombre y la pena mínima subsidiariamente para ella.

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